Mientras el este de Canadá lucha contra sus peores inundaciones después de medio siglo, con Montreal y otras 125 comunidades circundantes sumidos en el estado de emergencia, y con el propio primer ministro Justin Trudeau estimando «que la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos se está acelerando y es consecuencia del cambio climático», ¿cómo evalúa Francia la situación un año después de las inundaciones excepcionales que afectaron gravemente a los afluentes medios de los ríos Sena y Loira el pasado mes de junio? Bueno, no es una gran evaluación.

Evaluación de las inundaciones en junio de 2016: una llamada de atención

En un informe publicado en febrero de 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior (1), se nos informa de que los sistemas de previsión de inundaciones pueden mejorarse considerablemente, que demasiados municipios carecen de planes comunales de protección, que se han puesto de relieve los límites en las competencias de los equipos de control de los diques del Loira y sus afluentes, y que se pueden mejorar los regímenes de ayuda financiera a los particulares establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior (1). Dado que se trata de un informe oficial, hay motivos para estar preocupados.

Las inundaciones del 30 de mayo al 6 de junio de 2016 pueden ser un presagio de una inundación a mayor escala y no estamos preparados para hacerles frente.

CAT NAT: ¡impuestos engañosos que socavan nuestra cultura del riesgo!

Francia se enorgullece de haber puesto en marcha un sistema de indemnización para las catástrofes naturales que es muy protector, pero que sustituye insidiosamente la comodidad de la indemnización por el esfuerzo de protección. Después de cada inundación, hay prisa por decretar el «estado de desastre natural». (2)

Sin embargo, de los 861 municipios declarados en junio de 2016 en situación de catástrofe natural, más de la mitad no contaban con un plan de prevención de inundaciones (PPRI), cuyo objetivo es regular el uso de la tierra en las zonas inundables. ¡Una aberración!

Las inundaciones de junio de 2016, aunque de magnitud moderada, costaron 1200 millones de euros, el segundo desastre más caro registrado desde que se creó el régimen de catástrofes naturales tras el ciclón Xynthia. Es un signo de los tiempos: las primas pagadas por desastres naturales (vea el balance de desastres naturales entre 1982-2015) son 3 veces mayores que hace 30 años (1600 millones de euros en 2015).

Este sistema se desmoronará cuando ocurra la próxima inundación importante, y la única manera en que el Estado podrá compensar a los asegurados será endeudándose. Es inevitable.

Desde hace un siglo, el país ha evitado el aumento del nivel del agua a gran escala; la última inundación importante afectó al Sena en 1910. Sin embargo, se estima que la probabilidad de que una inundación de este tipo ocurra cada año en la región de París es de 1/100. El coste material de este evento ha sido cifrado en 30 000 millones de euros por la OCDE.

En cuanto al Loira, las terribles consecuencias de los desastres naturales podrían ser aún más terribles. Cientos de miles de ciudadanos creen que están protegidos por diques construidos en la Edad Media que ya han cedido muchas veces, con la catástrofe mayor más reciente ocurrida en 1856.

En el pasado, la gente era consciente de los riesgos que presentaba la naturaleza. Pero hoy en día, la urbanización excesiva, el desmantelamiento de los ecosistemas y la impermeabilización de las superficies son factores que agravan las consecuencias de fenómenos climáticos excepcionales. Por no mencionar la laxitud de las políticas públicas en materia de zonas edificables.

Después de haber ido diluyendo nuestros ríos a lo largo de los siglos y creando grandes estructuras para frenar su caudal, hemos llegado al límite en lo que se refiere a la explotación de nuestros espacios naturales.

¿Son eficaces los programas de acción para la prevención de inundaciones? Ni muchísimo menos…

Los programas de acción para la prevención de inundaciones (PAPI) entraron en vigor en 2003 con el objetivo de mitigar las consecuencias de las inundaciones mediante un enfoque global del riesgo, impulsado por una asociación entre los servicios estatales y los participantes locales. El objetivo de estos programas a gran escala es la prevención mediante cientos de estudios y escenarios de subidas de nivel cada vez más complejos, los cuales nos permiten comprender mejor los riesgos y proteger nuestra tierra, principalmente a través de medidas de desaceleración estructural dinámica o de estructuras de protección hidráulica que cuestan cientos de millones de euros. (3)

Cuando leemos sobre los desastres de las últimas décadas (Nîmes, Vaison-la-Romaine, Gard, Córcega, etc.), parece razonable cuestionar la eficacia de estas inversiones y estos sistemas de protección a menudo inadecuados.

Alertas meteorológicas, el sistema de riesgo de inundaciones de Vigicrue, previsiones científicas… nunca hemos estado tan bien informados de los desastres naturales inminentes. Sin embargo, cuando se trata de proteger eficazmente a los residentes y sitios vulnerables, no hay prácticamente nada previsto.

En una era de sobrerregulación, parece que la actitud de «esperar y ver» y el sentido de inercia tienen prioridad sobre la acción y la protección. Sí, el clima está cambiando y tendremos que prepararnos para ello; no, los daños causados por las inundaciones no son inevitables, porque es posible protegernos siempre que las autoridades estatales y locales se esfuercen por equiparse adecuadamente.

Hoy en día, sabemos que 1 de cada 4 franceses y 1 de cada 3 lugares de trabajo son potencialmente vulnerables a las inundaciones. Debemos aprender a vivir con este hecho y tratar de mitigar el impacto de este tipo de desastres.

¿Cómo? Poniendo nuestras actividades más vulnerables fuera del alcance de las inundaciones, protegiendo las redes, equipándonos con dispositivos móviles de emergencia y desarrollando humedales, ¡incluso en nuestras propias ciudades! Dejemos de cubrir nuestras riberas en hormigón y crear embalses artificiales que cuestan enormes sumas de dinero (estimadas en decenas de millones de euros) y cuya eficacia es cuestionable. Estos sistemas de protección pasiva no protegen a los ciudadanos contra inundaciones torrenciales allí donde viven.

Teniendo en cuenta que se necesitarán décadas para corregir los errores del pasado, ¿no es este el momento de dar el paso, hacer adaptaciones resistentes y elaborar normativas de edificación que realmente tengan en cuenta el riesgo de inundación?

Como tal, ya es hora de que los organismos públicos dejen de buscar culpables y definan claramente las competencias y responsabilidades de cada uno de los actores, sin olvidar a los civiles, que son los principales actores de la sociedad civil. Es necesario actuar con urgencia para establecer medidas de protección tangibles.

¿Francia garantiza la seguridad de todas las personas y de todos los bienes? Vamos a averiguarlo.

(1) Informe CGEDD n° 010743-01 et IGA n° 16080-R
(2) https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-157774-les-couts-caches-du-regime-cat-nat-2004732.php
(3) http://www.georisques.gouv.fr/ma_maison_mes_risques/